Cianuro en gotas XX

Excelentes los golpes dados contra la corrupción y los corruptos. El último fue un pez muy gordo, Edgardo Parra, alcalde de la tercera ciudad del país. Sin embargo, sorprende la lenidad de Luisa Ortega Díaz con los ladrones opositores. A Ríchard Mardo se le allanó la inmunidad parlamentaria el 30 de julio. Has transcurrido dos meses y medio desde entonces, y el narcoparlamentario sigue en libertad, feliz de la vida, guisando y martillando. La pregunta obvia es para qué se inició un proceso penal, se acudió al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional, si luego el Ministerio Público engaveta los casos cuando el choro es escuálido. Todo hace suponer que a Juan Carlos Caldera, pillado in fraganti recibiendo dinero de Wílmer Ruperti, tampoco la Fiscalía piensa meterlo tras las rejas. La impunidad opositora genera desmoralización en el chavismo.

Hablando de impunidad escuálida, Henrique Capriles García y su yerno, Armando Briquet, son el nexo entre las finanzas personales del candidato derrotado y las de Primero Justicia, con el prófugo Oscar López Colina. El apá del Enchufado Oral no sólo es la mano negra financiera de su hijo, sino que maneja mucho dinero sin lavar. López Colina es otro buen ejemplo de la impunidad que gozan los escuálidos. El hombre que pagó 1.300 millones por alquilar toldos para la Gobernación de Miranda está gozando la vida loca en el exterior, en lugar de ver el sol a través de unos barrotes.

Y siguiendo con la impunidad opositora, han transcurrido seis meses desde que un criminal arrolló con su camión a un grupo de chavistas, que en Maracaibo festejaba la victoria de Nicolás Maduro. Consecuencia de esa acción despreciable perdió la vida, tras prolongada agonía que incluyó la amputación de una pierna, la niña Victoria Báez. El autor de ese crimen sigue en libertad. Todo el mundo asegura que el CICPC lo capturó, pero se bajó generosamente de la mula y lo dejaron libre. Es increíble que un cuerpo policial sea tan malo e incapaz como para no resolver un asesinato tan sencillo. Mucho más verosímil es la hipótesis del soborno que la de la ineptitud.

Tareck el Aissami no es el único pretendido chavista que actúa ya como precandidato presidencial. Como se sabe, el narcogobernador aragüeño montó su plataforma electoral en Maracay, cuando realizó un akelarre con empresarios corruptos y allí les prometió todas las reivindicaciones de la derecha, sobre todo eso que llaman “seguridad jurídica”, que no es otra cosa que la garantía de que podrán explotar cómodamente a los trabajadores, especular y subir precios. Hay más de un ministro que anda en lo mismo. Son fáciles de reconocer:

– Salen más que muerto’e mango en los medios escuálidos,
– Pagan generosos palangres a los dueños de esos medios, y
– Se promocionan ellos, no su gestión o al gobierno del que se supone forman parte.

 La neoadeca Nora Bracho, que junto a Julio Borges fue sancionada con 30 días sin derecho de palabra en la Asamblea Nacional, aparece ahora en televisión mansa como un corderito, hablando educadamente y mostrándose como una pobre víctima del rrrégimen. La realidad es que esa sigüí de Manuel Rosales es posiblemente el ser más grosero y violento de la Asamblea, que ya es decir. Cada vez que pasa a su lado un diputado chavista, la Bracho suelta groserías aún más sucias que su alma, insulta a las madres y bajezas parecidas, amparadas en que por caballerosidad no le van a responder como se merece. Esa “señora” incluso hace chistes contra Chávez y profiere insultos sobre su cadáver. Tremenda joya la que ahora se muestra como una humilde perseguida.

Los panas de Soraya al Achkar gozan un puyero y cobran parejo en la UNES. A cada rato, los parásitos de la rectora dictan cursos y talleres sobre derechos humanos, que por lo visto es lo único que se enseña en esa pintoresca universidad, que más que de la seguridad debería serlo de la corruptela, el nepotismo y el compadrazgo. A través de la llamada Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG propiedad de la Soraya, los empleados de la rectora dictan cursos destinados a envenenar con pendejadas a policías y guardias nacionales. Les meten terror sobre los riesgos que corren si actúan contra los delincuentes, y se encargan de que olviden que las víctimas también tienen derechos humanos. Es la cultura responsable del auge de la criminalidad en el país.

El problema del tráfico en Caracas y todas las ciudades grandes de Venezuela es relativamente fácil de atenuar. Basta colocar fiscales de tránsito o policías en los lugares idóneos. La realidad es que se puede recorrer media capital sin ver ni uno de esos funcionarios. Tampoco un policía. Pasan horas sin que se levante un choque, colocando en gravísimo riesgo de ser atracados o asesinados las personas involucradas en la colisión. La realidad es que tras 15 años repitiendo eso de que “inventamos o erramos” (frase de Simón Rodríguez que parece pronunciada ayer por lo vigente), el Estado se maneja exactamente con el esquema de la IV República. Hay miles de burócratas ociosos en los ministerios y otros organismos, que con un breve curso podrían transformarse en agentes de circulación. Pese a la escasez de policías, a nadie se le ocurre convertir a los chupatintas en esa clase de servidores públicos. Al servicio del Estado hay millares de abogados subutilizados, dedicados a colocar sellitos en las planillas y otras tareas igualmente inútiles, cuando fácilmente podrían transformarse en fiscales del Ministerio Público, defensores públicos de presos (algún pajúo dirá que ahora hay que llamarlos defensores públicos de los privados de libertad), funcionarios de tribunales y muchas otras tareas necesarias.

Un horrendo asesinato colapsó Caracas. En la mañana del miércoles, un par de criminales en moto asesinaron al conductor de una camioneta, para robarle su celular. Le propinaron varios disparos, uno de ellos en el cuello. El hecho ocurrió en plena Avenida Libertador, a la altura de el Bosque y en medio del intenso tráfico matinal, pues a los ladrones ya no les importan los testigos. Saben que nadie va a intervenir, gracias a que algunos canallas enquistados en instituciones oficiales persiguen con más saña a los ciudadanos que ayudan a los demás, mientras que con los malandros son muy comprensivos. Casi con toda certeza, será otro homicidio más que quedará impune, pues menos del 5 por ciento de estos casos los resuelven. A pesar de que estos asesinatos son el pan de cada día y el Estado es incapaz de garantizar un nivel razonable de seguridad, verdaderas alimañas pequeñoburguesas, seres llenos de odios y prejuicios, quieren desarmar a las personas decentes, privándolas hasta del derecho a defenderse. Qué rastrero tiene que ser un bicho –o una bicha- para entregarle el país al hampa y facilitar que en pocos años seamos como México, donde el crimen organizado es el verdadero gobierno, gracias a la impunidad que reinó por décadas.

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Cianuro en gotas apareció en diciembre de 2001, cuando la debilidad mediática del chavismo era absoluta. Lo elaboraba la misma Unidad de Análisis que aún ayuda en su preparación. Actualmente, hay un cerco electrónico contra el periodista Alberto Nolia, promovido por Tareck el Aissami, quien intenta silenciarlo en los medios digitales, tras haber logrado el cierre de Los papeles de Mandinga en VTV. Es un claro e inconstitucional intento de censura por parte de un funcionario. Para romper ese cerco, agradecemos que envíe estos textos a su lista de correos, esté o no de acuerdo con su contenido.

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